La historia de la pena de muerte en Colombia y el derecho a la vida

Abolición de la pena de muerte

La pena de muerte es un castigo cuya aplicación se remonta a los inicios mismos de la humanidad y que en Colombia continuó siendo parte del sistema de justicia en la época precolombina y posteriormente en la dominación española, aún hasta después de la declaración de independencia, por cuanto todos los textos constitucionales del siglo XIX no previeron la protección expresa del derecho a la vida, exceptuando la Constitución de 1863. En 1849 fue derogada para algunos delitos como la sedición, la rebelión y la conspiración.

La última ejecución en aplicación de la pena capital en Colombia se realizó en el año 1909, , a pesar de que la Constitución de 1886 consagró la prohibición expresa de imponer esta pena, siendo abolida en 1910 mediante el acto legislativo Nº 3, durante el gobierno liberal  del presidente José hilario López. Posteriormente, esta postura legislativa fue ratificada en la Constitución de 1991, en la cual se establece la inviolabilidad del derecho a la vida, prohibiendo textualmente la pena de muerte.

El en año 1996 el presidente Ernesto Samper, ante la ola de secuestros, homicidios y masacres que azotaba al país, plantea un proyecto de ley que buscaba el restablecimiento de la pena capital para los perpetradores de estos graves delitos, pero la propuesta no fue admitida, pues el 5 de Agosto de 1997 el estado colombiano ratificó el segundo Protocolo Facultativo del que forma parte el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo principal propósito era abolir definitivamente la pena de muerte.

Pena de muerte y derechos humanos

En  el año 2010 el Presidente Juan Manuel Santos ratifica otro importante tratado internacional como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos Relativos a la Abolición de la pena de muerte amparado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 1990, mediante la cual queda establecido el carácter inalienable del derecho a vivir, bajo la premisa de que la pena capital imposibilita la corrección de errores judiciales y la reeducación del enjuiciado. Este tratado parte del compromiso de las naciones de respetar los derechos fundamentales del hombre.

El tema de la pena capital sigue siendo un tópico muy polémico desde muchos puntos de vista: ideológico, religioso, legislativo, político, en fin, desde todos los enfoques sociales de la interrelación humana, en que se discuten las posturas sobre el castigo ante la perpetración de los delitos más atroces que se siguen cometiendo en Colombia y muchos son los que sostienen la tesis de que es necesario implantarla, pero también reconocen la debilidad del sistema judicial con relación a infraestructura, recursos humanos, económicos científicos y técnicos; impidiendo una aplicación efectiva de la ley.

El basamento filosófico de la abolición de la pena de muerte se centra en la necesidad de fortalecer un sistema de justicia que contemple penas ejemplarizantes a fin de lograr un control social efectivo que por una parte conmine tácitamente a las personas a inhibirse de cometer delitos graves en perjuicio de sus semejantes y por la otra propugna la reinserción social del individuo que se encuentre inmerso en la perpetración de cualquier hecho punible de esta naturaleza, por lo que Colombia ha suscrito y ratificado los acuerdos internacionales que protegen el derecho a vivir como algo inalienable.