LOGOS OACP FPL 2016 

En Colombia, el conflicto armado ha dejado millones de víctimas, como una de sus mayores secuelas: se tienen 267.000 homicidios relacionados con el conflicto 6.900.000 personas desplazadas forzadamente 32.733 personas secuestradas desde 1970; 110.000 personas desaparecidas; 11.062 víctimas de minas terrestres antipersonal y artefactos explosivos no detonados; 8.022 niños y niñas reclutados forzadamente o utilizados por los paramilitares y la guerrilla; 4.392  víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales registradas por la Fiscalía General de la Nación; miles de mujeres abusadas sexualmente, entre otras muchas víctimas como las personas y comunidades amenazadas, despojadas de sus tierras y las poblaciones arrasadas. En este conflicto son muchos los actores que han perpetrado las diferentes victimizaciones, entre ellos se cuentan a grupos paramilitares, grupos guerrilleros (M19, Farc, ELN, EPL, disidencias), agentes del Estado y miembros de las fuerzas armadas.

 

Sin embargo, más allá de las cifras de las víctimas, necesarias pero insuficientes y de individualizar a los actores de esta catástrofe humana, es importante recuperar los rostros, historias y humanidad de estos millones de colombianos que tuvieron el infortunio de ser parte de esta atroz realidad; así como de los millones de familiares que los recuerdan, lloran o acompañan, con las consiguientes secuelas e impactos personales, sociales, económicos y culturales para muchas comunidades y poblaciones. Por esta razón, es esencial e indispensable, como lo ha reconocido e impulsado el Gobierno nacional, que en el centro del Acuerdo de Paz estén las víctimas, que su participación sea real y activa, sus voces sean escuchadas, su dolor respetado y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral sean garantizados, así como a la memoria, elementos todos fundamentales para la no repetición.

 

El secuestro y la desaparición forzada han sido dos de las mayores violaciones a los derechos humanos perpetuadas por los diferentes actores armados, dentro del conflicto armado interno colombiano. Para el caso colombiano, estos delitos se configuran como crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Art. 7 del Estatuto de Roma. Y aunque el secuestro no se encuentra incluido expresamente dentro de este listado del artículo, la práctica presenta las características de un crimen de lesa humanidad: porque es “un ataque generalizado o sistemático”, “en contra de la población civil” y sus perpetradores tienen “conocimiento de dicho ataque”. Además, en todo caso, los secuestros y las desapariciones forzadas constituyen crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.

 

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